La planificación del cierre es parte del diseño inicial del proyecto y con frecuencia está incluida en la Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Sanitario en la etapa previa a los permisos. Debería dar cuenta de la visión de la comunidad para el desarrollo a largo plazo, si la comunidad así lo desea. Las empresas con frecuencia realizan un cierre progresivo, cerrando y restaurando una mina o instalación tan pronto como se agota su uso de minerales, mientras continúan otras operaciones.
Si se elabora un plan de cierre desde el principio, la empresa apoya con frecuencia el desarrollo de capacidades a lo largo de la vida del proyecto contribuyendo así a preparar a la comunidad para lograr su visión a más largo plazo, o puede ayudar a convocar al gobierno u otras partes interesadas que puedan contribuir a lograr esta visión.
Si se maneja correctamente, el proceso de planificación e implementación del cierre puede generar resultados significativos y positivos a largo plazo para una comunidad y una oportunidad para la resolución de quejas o inquietudes pendientes. Sin esta intencionalidad, existe el riesgo de que haya quejas nuevas o de que vayan en aumento, lo que puede minar cualquier legado positivo del proyecto... La planificación previa e inclusiva puede garantizar que el cierre genere beneficios para las comunidades.
Si se maneja correctamente, el proceso de planificación e implementación del cierre puede generar resultados significativos y positivos a largo plazo para una comunidad y una oportunidad para la resolución de quejas o inquietudes pendientes. Sin esta intencionalidad, existe el riesgo de que haya quejas nuevas o de que éstas vayan en aumento, lo que puede minar cualquier legado positivo del proyecto. Un proyecto mal cerrado puede ser una carga social, ambiental y económica a largo plazo para las comunidades.
El cierre puede afectar considerablemente a los miembros de la comunidad en un sinnúmero de maneras. Un proyecto grande que creó varias oportunidades de empleo o contratación para las comunidades locales durante las operaciones puede descubrir que la economía del área ahora depende en gran medida de la empresa. Sin la creación de mercados y medios de sustento alternativos, o conexiones a ellos, el cierre puede ocasionar una recesión económica y un éxodo de personas. Esto, a su vez, puede afectar negativamente a los servicios públicos, los mercados inmobiliarios y más. Sin una transferencia adecuada al gobierno u otro actor, las comunidades pueden perder el acceso a los servicios o la infraestructura que anteriormente operaba una empresa, o esa infraestructura puede deteriorarse. Estos efectos pueden verse agravados por la ausencia de ingresos fiscales y regalías una vez que cesa la producción. Las comunidades dependen en última instancia de la capacidad del gobierno para hacer cumplir un cierre adecuado; donde esto falla, las empresas pueden dejar a las comunidades un ambiente nocivo e incluso tóxico.
La planificación inclusiva realizada previamente puede garantizar que el cierre genere beneficios para las comunidades. Las empresas pueden ofrecer nueva capacitación y apoyar la transición de los medios de sustento, apoyar la planificación a nivel del paisaje y ayudar a catalizar economías alternativas, y abordar y remediar problemas relacionados al legado. Las evaluaciones de impacto social previas al cierre son especialmente críticas para orientar los procesos que pueden ocuparse mejor de los derechos, necesidades y aspiraciones de la comunidad.
Un plan de cierre debe proporcionar continuidad en los acuerdos sobre el manejo del impacto ambiental, incluyendo un marco para las comunicaciones y consultas durante y después del cierre, especialmente si surgen problemas o nuevos riesgos.
Al igual que en la etapa previa a los permisos, es importante que las comunidades tengan la oportunidad de comprender y considerar los riesgos y oportunidades asociados a la conclusión del proyecto a fin de dar su consentimiento a un plan de cierre. Por ejemplo, ¿la comunidad desea conservar los edificios u otra infraestructura de la empresa después de que el proyecto haya concluido, o debería sembrarse el emplazamiento con especies y elementos nativos para fomentar la recuperación natural? Si el gobierno no reconoció previamente la propiedad comunitaria de la tierra, ¿cómo podría devolverse la tierra a la comunidad con el reconocimiento del título legal? ¿Cómo pueden los negocios locales que brindan servicios y bienes a la empresa diversificar su base de clientes para garantizar la longevidad de los negocios después del cierre del emplazamiento?
Las comunidades harían bien en presionar para que estas discusiones se realicen desde el principio de la vida del proyecto, ya que esto puede:
Las comunidades no son ni monolíticas ni estáticas, y sus necesidades e intereses pueden cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los planes y procesos desarrollados al principio pueden y deben ser reevaluados y recalibrados periódicamente para reflejar la evolución de la comunidad.
- garantizar que recursos corporativos y gubernamentales sean asignados para respaldar la implementación y el cumplimiento de los planes de cierre
- proporcionar tiempo para el pleno desarrollo de una visión comunitaria a largo plazo
- permitir que las comunidades maximicen y aprovechen la financiación para el desarrollo de la comunidad y los recursos de la empresa para lograr esa visión a largo plazo
- minimizar la dependencia de la comunidad, sea económica o de otro tipo, de un solo proyecto, para facilitar la transición cuando se complete el proyecto
- aprovechar el poder de convocatoria de la empresa para atraer a otros actores de la industria y del gobierno que puedan ser parte de esa visión a largo plazo
Las comunidades no son ni monolíticas ni estáticas, por supuesto, y sus necesidades e intereses pueden cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los planes y procesos desarrollados al principio pueden y deben ser reevaluados y recalibrados periódicamente para reflejar la evolución de la comunidad. Es necesario lograr un equilibrio: los compromisos de la empresa y la participación del gobierno son necesarios para garantizar que el cierre sea planificado adecuadamente y, al mismo tiempo, que los acuerdos formales no obstaculicen la capacidad de la comunidad para evolucionar junto con el proyecto.
Una empresa comprometida con obtener el CLPI para un proyecto también debe obtener el consentimiento para un plan de cierre.
La planificación del cierre debería comenzar muy al principio de la vida del proyecto. Las empresas pueden ayudar a convocar discusiones con comunidades y negocios cercanos para considerar cómo es que el emplazamiento puede contribuir a una visión más amplia para el desarrollo regional, la conservación y otras prioridades. Este enfoque de planificación basado en una visión de conjunto o “a nivel de paisaje” puede ayudar a reducir la dependencia económica de las comunidades de un solo proyecto o actor y garantizar que la comunidad obtenga el máximo valor a partir de la vida de un proyecto.
Debido a que el CLPI ha sido conceptualizado y adoptado ampliamente en un tiempo relativamente reciente, y dado que los proyectos extractivos a menudo tienen una vida útil prolongada, es poco probable que los proyectos que actualmente están en proceso de cierre se hayan desarrollado bajo el principio de CLPI desde sus inicios. Las empresas que han asumido compromisos de CLPI en los últimos años, sin embargo, aún pueden trabajar para incorporar los procesos y principios de CLPI a las etapas más tardías del proyecto, incluyendo el cierre. Es posible que sean necesarios recursos especiales para desarrollar una comprensión interna y externa del CLPI y por consiguiente establecer nuevos procesos de participación.