La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), especifica que los pueblos indígenas tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado con respecto a sus tierras, cultura y recursos. Este derecho se afirma en el contexto de la autodeterminación y el reconocimiento de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas. El siguiente texto del preámbulo de la DNUDPI establece el contexto de estos derechos:
"Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses...
Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos...
Convencida de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades..."
Además de la obligación moral de respetar los derechos humanos, el participar y respetar los resultados de los procesos de CLPI también es una manera de minimizar y transformar el conflicto y la violencia que los gobiernos y las industrias han impuesto históricamente sobre los pueblos indígenas.
El CLPI es el fundamento para un trato justo y democrático entre comunidades y empresas.
Vincent Ekka, pueblos Kurux (Oraon) de la India; Jefe del Departamento de Estudios Tribales, Instituto Social Indio, Nueva Delhi, India
Ignorar los deseos de la comunidad también es un mal negocio. Investigaciones realizadas por la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de la Harvard Kennedy School y el Centro de Responsabilidad Social en Minería del Instituto de Minerales Sostenibles de la Universidad de Queensland en Australia encontraron que las demoras debido a protestas pueden ser costosas: alrededor de USD 10,000 por día en la exploración temprana, alrededor de USD 50,000 por día en exploración avanzada y hasta USD 20 millones por semana de paros durante las operaciones. Además del costo financiero de las operaciones interrumpidas, existe un costo para la reputación, que puede irradiar hacia afuera inhibiendo otras asociaciones y proyectos. Los inversores son cada vez más conscientes del riesgo material asociado con no respetar los derechos humanos o no gestionar los conflictos en las obras.